Aunque el principal foco de atención de propios y ajenos en la posibilidad de reelección del gobernador, el proceso es funcional a las política de Estado de la actual gestión. El «efecto Nocelli», entre el fallo de la Corte, el juicio por jurados y la capacitación a magistrados para juzgar el accionar de los policías.
La Legislatura santafesina se apresta votar esta semana la declaración de la necesidad de la reforma constitucional, luego de haber logrado destrabar el acuerdo político que ponía en duda las posibilidades reales del oficialismo de contar con número suficiente, y tras lo que indudablemente serán una sucesión de intensas jornadas de discusión para lograr consenso sobre el texto final de la convocatoria. En lo formal, ello implica conciliar o priorizar lo dispuesto en la friolera de nueve proyectos que, desde distintas bancadas, fueron puestos a consideración de los legisladores.
Ninguno de ellos es del Poder Ejecutivo, que prefirió sostener el discurso de la prescindencia y circunscribir el proceso a la dinámica y el ámbito parlamentarios. «No me metí en ningún momento en el debate y no me voy a meter. Es un tema de agenda legislativa, es un tema de agenda de los partidos políticos. No me pareció oportuno que yo esté involucrado en este debate y nunca me involucré en este debate», reiteró en las últimas horas el gobernador Maximiliano Pullaro. Lo cual no evitó que el mandatario (que eventualmente deberá ir bastante más lejos, si decide encabezar la lista de convencionales constituyentes del oficialismo) dejase en claro sin lugar a dudas su respaldo, haciendo propia el correlato temporal con la llegada del hombre a la luna, ya que la última versión del texto data de antes de ello. Y subrayar que, si esta semana se convierte en ley, el Poder Ejecutivo «la va a reglamentar y la va a trabajar».
Con todo, Pullaro no asume en modo alguno que el propósito guía sea el de permitir su reelección; posibilidad que, también debe ser dicho, sólo está vedada en Santa Fe y Mendoza, y que rige para los demás cargos electivos. Y que lo está en una cláusula que, en los últimos 30 años, tuvo el doble rol de motivar el impulso y a la vez bloquear todo intento de reformar la Carta Magna provincial.
«Somos la única provincia que no se ha adaptado a la reforma del ’94. Yo entiendo que diferentes actores políticos quieran correr del eje, pero el eje es muy claro, es la modernización del Estado de la provincia de Santa Fe, y un Estado moderno no puede tener una Constitución que tiene más de 60 años», declaró el mandatario.
Otra agenda
Pero para él, según destacó el viernes en el Monumento a la Bandera, en el acto por el aniversario de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), lo importante es que una nueva Constitución permitiría consagrar herramientas clave para combatir la inseguridad y mejorar la Justicia. En esa dirección propuso, por ejemplo, la modificación del sistema de enjuiciamiento de jueces, para darle mayor efectividad y celeridad en orden a la depuración del funcionamiento del Poder Judicial.
Se trata, de hecho, de dos de los principales ejes de su campaña y de su gestión, que atravesaron por completo su primer año de mandato, que también tuvieron capítulos significativos y emblemáticos en los últimos días, y que seguirán marcando con nuevos hitos la agenda inmediata.
Uno de ellos fue el fallo de la Corte Suprema en el que anuló la condena por doble homicidio contra el policía Luciano Nocelli. Con el apoyo del dictamen del procurador Jorge Barraguirre, los miembros del Tribunal realizaron un interesante (aunque no menos polémico) abordaje sobre la valoración de la prueba que habían hecho previamente los magistrados intervinientes. Una cuestión de técnica jurídica que, como todo en ese terreno, habilita distintas interpretaciones (de hecho, así ocurrió en este caso con las instancias inferiores, y también con el ministro Daniel Erbetta, que no suscribió el pronunciamiento), y que se cifra, entre otras cuestiones, en la posibilidad de juzgar una conducta humana sobre la base de compartimentar una secuencia temporal continua, tomando como base el análisis posterior con el auxilio (y desde el ángulo de registro) de una cámara de vigilancia. Para los estudiosos del derecho, una discusión apasionante. Pero cuyos efectos tienen indudable impacto al margen de ello sobre los criterios que rigen la política de seguridad, los términos en que han de desenvolverse los uniformados, los puntos de vista (mayoritariamente preestablecidos) de la opinión pública santafesina y, dato novedoso y no menor, la manera en que estos actos vayan a ser juzgados.
En términos del discurso político, el «caso Nocelli» en particular formó parte del discurso de campaña de Pullaro, cuando cuestionó la condena, y también de su gestión, cuando llegó a analizar un indulto. Algo que, se comparta o no la mirada y las intenciones del gobernador, entra inevitablemente en conflicto con la Constitución Provincial, que en el inciso 16 de su artículo 72 confiere le confiere la facultad de indultar o conmutar penas, «con informe previo de la Corte Suprema de Justicia», pero aclara que no puede ejercerla «cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones». En ese sentido, el fallo de la Corte liberó al mandatario de dar ese paso en falso.
La decisión del Tribunal (una vez más, con estricta base de análisis jurídico) sintoniza con el criterio que el Poder Ejecutivo se ocupó de dejar en claro, y que al mismo tiempo importa una categórica diferenciación con los aplicados en otras gestiones. «Cuando del otro lado hay un atacante armado, casi que estamos en una situación extrema, nosotros no podemos hacer que el policía dude. Sé que es antipático decirle, en algunas situaciones extremas es la vida del delincuente o la tuya. No podemos ser timoratos como Estado, primero está la vida del policía y la vida del ciudadano a proteger», razonó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.
Que, la vez, ejemplificó en qué términos esa mirada se traduce en políticas de Estado: «Este caso puede ser un precedente. Hay otro caso, no idéntico, pero con alguna similitud que estaba también en estudio para una posible solución política. No queremos que se nos escape nada. Por eso, a pedido del gobernador, vamos a formar un grupo de trabajo entre las áreas de Legal y Técnica, Fiscalía de Estado y el Ministerio de Justicia y Seguridad para hacer un relevamiento de todas las situaciones de personal policial que están en una zona gris por actuar en legítima defensa o el cumplimiento de deber».
Orientación definida
Tampoco se trata de opiniones aisladas o meramente episódicas. No es causal que el Ejecutivo santafesino haya propiciado incluir, en el acotado menú de casos que pueden ser sometidos al recién instaurado proceso del juicio por jurados, los que atañen a «el personal policial o penitenciario que hubiera actuado en situación de enfrentamiento, incluso encontrándose en retiro o franco de servicio».
Pullaro avanzó otro paso en la misma dirección y anunció la creación de la «Ley Luciano», que buscará formar a funcionarios judiciales en la evaluación de casos que impliquen altos niveles de estrés en contextos policiales.
Cococcioni detalló que desde el Ejecutivo se pensó en efectuar «cursos de táctica operacional» con magistrados y funcionarios judiciales para que «el que juzga sepa lo que es, porque una cosa es ver la película y otra estar en una situación operacional con la adrenalina, los pocos segundos de margen de decisión, los pocos elementos que uno dispone, realmente la evaluación cambia porque uno se pone en el lugar del otro y ve que no hubo una conducta dolosa, es una situación de crisis que se resuelve en márgenes muy acotados de decisión».
Proyectar a un plano general los efectos de un caso particular suele ser una operación cuanto menos arriesgada, y en muchos casos lisa y llanamente errónea. Pero a la vez, sirve para activar debates de fondo, identificar posturas y criterios, y propiciar correctivos o reformas. En esta materia, para asegurar que «el uso racional de la fuerza» sea tal, o también para llevarlas al terreno del funcionamiento de los poderes del Estado, de las normas que lo rigen y de la misma reforma de la Constitución.